Magistrado evalúa presentar una denuncia por difamación agravada por afectación de su honor.

Luego de varios días de ser blanco de diversas acusaciones por parte de un congresista y un personaje que dice ser ex socio de Manuel Burga, el Fiscal Titular de la 57 Fiscalía Provincial Penal de Lima, Jorge Enrique Sanz Quiroz, salió al frente para aclarar tales versiones y negó haber recibido suma de dinero alguna para presuntamente resolver u ocultar investigaciones a favor del presidente de la Federación Peruana de Fútbol y sus socios en el instituto “Alfonso Huapaya”.

“Nunca me reuní ni recibí dinero alguno de estos señores y lamento que unos medios periodísticos den cabida a la versión de un señor (David García Hernández) quien fácilmente mancha honras ajenas, aludiendo que escuchó a otro sujeto decir que pedí 30 mil dólares para solucionar el caso. Esa versión de decir: ‘Yo no pero un tercero sí, algo escuché’… todo eso me parece muy poco serio y hasta una bajeza”, señaló indignado.

Debido a tales circunstancias agraviantes, el magistrado evalúa iniciar una querella para que sancione tales conductas que han dañado su imagen y buena reputación, contra dicha persona y/o los medios que vienen dando cabida a dichos infundios.

CASO LAVADO DE ACTIVOS
Sobre el presunto archivamiento u obstaculización de la investigación por lavado de activos contra el presidente de la federación peruana de Fútbol (FPF) Manuel Burga, el fiscal Jorge Sanz afirmó que el congresista Renzo Reggiardo, al parecer en un afán de conseguir notoriedad, sólo da a conocer una parte del expediente judicial, sin mencionar que en su oportunidad, mediante el oficio Nº 278-2008 de fecha 01/09/2008, el Ministerio Público notificó y derivó a la División de Estafas de la Policía con el mencionado informe de la DIVINFI y dispuso “se tenga presente” y se “prosiga con las investigaciones”, pidiendo posteriormente, además, el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil.

“Cuando en agosto de 2008 recibimos el informe Nº 52 de la División de Inteligencia Financiera, dispusimos que para evitar duplicidad de investigaciones, se aboque al caso la División de Estafas de la Policía que ya estaba encargada de investigar y se le derivó dichos anexos, conforme a documentos creditativos de la fecha que obran en el expediente principal judicializado, que hacían referencia que Burga Seoane y otros investigados poseían diversos bienes muebles e inmuebles. Al final, sólo se le halló presunta responsabilidad en tres delitos (Peculado, Contra la Fe Pública y Asociación ilícita para delinquir) y por ello lo denunciamos; pero en ningún momento se ha ocultado dicho documento”, refirió.

“Nunca hubo tal expediente o investigación, ni nadie denunció. Pues según el Tribunal Constitucional (TC), la investigación preliminar de parte del Ministerio Público u otros, implica la existencia de una CAUSA PROBABLE, es decir la pre-existencia de un delito –y no de un delito cualquiera-, un delito grave como tráfico de drogas, terrorismo u otros”, enfatizó Sanz Quiroz.

Sin embargo, el magistrado señaló que, debido a dichos presuntos delitos no han prescrito, está abierta la posibilidad para que el presidente de la FPF sea investigado por lavado de activos u otros delitos, pero que esto deberá hacerse ante la instancia y dependencia respectiva, de acuerdo a ley.

“Si el congresista tiene interés en investigar a Burga, que lo haga y que lo denuncie, lo mismo que la División de Inteligencia Financiera, que investigue, recopile los elementos probatorios, determine el delito precedente y que denuncie ante la Fiscalía correspondiente. Nosotros ya cumplimos con denunciar lo que investigamos y el caso está por ante el Poder Judicial”, finalizó el Fiscal.